“Sus políticas son a las claras anti medios comunitarios y entidades sin fines de lucro"
Entre los libros que escribió Becerra también podemos encontrar: WikiMediaLeaks, escrito junto a Sebastián Lacunza, allí muestran en once capítulos, un análisis detallado de los cables de WikiLeaks, que vinculan entre otros temas a dueños de medios, periodistas y editores que marcaron una clara influencia con los Gobiernos latinoamericanos y la Casa Blanca. No obstante, otro material de investigación que se puede advertir en su Curriculum es “De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina”, donde Becerra plantea un análisis sobre los medios de comunicación, durante el proceso de convergencia con las telecomunicaciones e internet. Con un ojo puesto en la situación de los medios en Latinoamérica y más precisamente en la Argentina.
¿Que nos podes contar del nuevo libro “Medios en Guerra”, cuando hace mención de una agenda pendiente para los medios?
Hay una agenda pendiente de lo que fueron las políticas de comunicación hasta el año 2015, sobre todo desde el 2009, que es cuando el kirchnerismo rompe su relación con Clarín. De 2009 a 2015 hubo una notable producción en políticas de comunicación, con leyes que reconocieron por primera vez el derecho social a la comunicación, que no estaba consagrado en la Argentina en ese sentido, consideramos los autores del libro (Medios en Guerra), que esa ampliación de derechos tuvo un hito en la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el congreso. Otro hito fue cuando la Corte Suprema de Justicia, seis de los siete miembros de la corte, validaron plenamente la constitucionalidad de esa ley.
Sin embargo ese hito no se concretó en hechos material, es decir, la aplicación de la ley en ese mismo periodo 2009-2015, fue muy irregular muy sesgada, muy poco respetuosa de la norma, y gran parte de esa agenda enunciada en la ley votada por el congreso, es una agenda pendiente.
Desde diciembre del 2015, con la asunción del Presidente Macri, cambia radicalmente el escenario de esas políticas, porque la agenda de Macri, está ubicada en el paradigma del mercado, no de los derechos ciudadanos. Si antes comandaba la política, aun con una posición discriminatoria en muchos casos, por la distribución de publicidad oficial en muchos casos, por el manejo de los estatales que tuvo, etc. Hoy conduce el mercado, ese cambio representa, por una parte la tarea pendiente de reclamar por la agenda que no se concretó, pero que fue reconocida por el congreso, el poder judicial y el ejecutivo, como una agenda valida, ahora estamos en presencia de otro escenario, donde además de esa vieja agenda, ahora se activa un nuevo tema muy interesante: El acceso a la información publica o la cuestión de la protección de datos personales, que es muy delicada. Se superponen las dos agendas y como resultados tenemos un espacio público para trabajar políticas de comunicación amplia.
¿Qué significa que haya un anteproyecto de ley de comunicaciones que esta trabajando el Gobierno?
Lo que el gobierno está desarrollando es una agenda que postula que hay una convergencia entre medios, telecomunicaciones e internet, lo cual es cierto, es un proceso tecnológico innegable y claro. A partir de esa lectura pretende facilitarles a los actores dominantes allanarles el camino para una mayor expansión, lo que conduce a una mayor concentración de mercado. Los mercados ya están muy concentrados, antes de la asunción de Macri y ahora con esta política tienen un nuevo impulso y respaldo aun mayor, porque el Gobierno actual pone a decisión de los grande actores industriales: grupo Clarín, Telefónica , poniendo a disposición de ellos las políticas públicas de estos sectores, así como en energía, el ex Presidente de la Shell, es elevado a rango de Ministro y le tercerizan la conducción de la política energética, a uno de los principales actores industriales privados del sector, sin consideración republicana mínima del conflicto de interese que existe. Esto también ocurre en las políticas de comunicaciones, no de manera directa, no tenemos a Magneto o al gerente de Telefónica como Ministro de comunicaciones, pero sin llegar a ese nivel de intimidad, todas las políticas que ejecuto el Ministerio con el Enacom (Ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones de la Nación), los posicionamientos del Gobierno en la materia, los decretos y resoluciones que plantearon son directamente diseñados a la medida de estos grandes actores industriales ya mencionados.
¿Qué análisis pode hacer respecto al periodo del Kirchenrismo y su manejo con los medios de comunicación?
Es claro que el propósito del kirchnerismo fue utilizar los recursos estatales para generar un polo de medios propios, con la confusión histórica del kirchenerismo respecto de que consideramos como propio. Para el kirchnerismo, propio puede ser desde propio en un sentido de propiedad, del ex Presidente o Presidenta o de los principales allegados a ellos, con toda esa confusión, que términos conceptuales se llama patrimonialista, es decir que no distingue entre el bolsillo propio y el tesoro público. Más digamos la posibilidad de que propio signifique línea política. Que no sea generar un dispositivo de medios que responda a los embates de los medios opositores que hasta el 2008 era solo La Nación y algo de perfil. El gobierno no vacilo en utilizar los recursos públicos para defenderse y atacar, con abusos claros de publicidad oficial, con una discriminatoria asignación de esos recursos públicos, algo que fue públicamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia en varias causas. Enriqueciendo a empresarios inescrupulosos como Spolki, que no vacilaron en dejar un tendal de despedidos, de familias en la calle, a la primera de cambio o de empresarios completamente oportunistas, que ayer era kirchenristas, hoy son macristas, y mañana serán lo que venga. El efecto de esa política que nosotros con el tiempo lo podemos observar y analizar, fue un efecto francamente muy poco productivo, si el objetivo era generar medios propios. Eso no tuvo continuidad y no se expresó en una política seria de construcción de audiencias, de consensos, que vayan más allá del espacio ya convencido o identificado con las políticas del kirchnerismo, y ahí hubo un problema fuerte, cuyo estallido lo vemos en medios como el grupo 23, radio América, Tiempo Argentino, etc. Varios de estos medios fueron comprados por el grupo Indalo de Cristóbal López, aunque varios también los clausuró, como es el caso de El Argentino. Ejecuto una política que va a contramano, no solamente de los estándares del sistema americano de derechos humanos, que se invocaban como autoridad en esta materia, sino además a contramano de los objetivos de la letra de la ley se Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que no puede haber discriminación en el manejo de los recursos públicos. Si vos cuando fuiste gobierno, no vacilaste en discriminar en el uso de los recursos públicos, no tenes derechos que cuando asuma otro Gobierno haga lo propio.
Hace pocos días hubo un decomiso en dos radios comunitarias en La Matanza ¿Cómo ves a futuro la situación de los medios comunitarios y populares?
Es una situación muy preocupante, pero la potestad estatal ya existía. No es que el gobierno de Macri lo inventó, esto existe y existía. Organizar el espectro y de en consecuencia intervenir y controlar que no haya usurpaciones del espectro, es una potestad estatal reconocida por la ley Servicios de Comunicación Audiovisual. Es cierto que el gobierno de Macri, en particular este año, emitió una resolución que simplifica el trámite administrativo para facilitar los decomisos por parte del Enacom, y por otro lado es verdad también que la orientación del Gobierno, solo contempla como actores legítimos en el ámbito de las comunicaciones a las fuerzas de mercado. Sus políticas son a las claras anti medios comunitarios y entidades sin fines de lucro. No entran en la brújula del Gobierno, no hay posibilidad que funcionen sin ánimo de lucro, sin idea de rentabilidad, ni de ganancia, para ellos es una actividad de mercado, es como vender zapatillas. Entonces en este sentido estos actores sin fines de lucro son un estorbo para la política que busca desde el estado maximizar las ganancias de los medios privados.
El problema es cuando el hilo se corte, se va a cortar por lo más delgado y eso es un sector que no tiene el amparo estatal, porque está en manos de un sector que no comprenden la comunicación como un derecho.
Hay que destacar que esto no sería posible, si en la etapa anterior hubiera habido una legalización que la ley encarga es decir si se hubiera materializado; no digo el 33 % que ordenaba la ley, sino el 3 %. Un porcentaje bajo, pero si hubiera habido concurso o asignaciones de licencias, no de lo prometido, pero algo. Hoy el sector estaría en una situación de legalización, frente a un embate de un Gobierno, que es contrario al interés de la comunicación como derecho. Los avances de la etapa anterior, tuvieron que ver con los Fomecas (El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), mecanismos de respaldo económico que algunas de la organizaciones lograron, mientras que en el plano de la legalización hubo poquísimo avance, hoy tenemos una situación de desamparo que tiene mucho que ver con el pasado. Hay que estar del lado de los medios comunitarios y alternativos, para resucitar estrategias que permitieron en época pasadas obtener amparos en situación de compromiso, para evitar que como una aplanadora se vaya contra este sector.
Publicado: el 06 de mayo de 2017 por Federico Paterno para Agencia de Noticias ANCAP