Diario del juicio a Relmu Ñamku

Publicado en por escabullidos

Relmu Ñamku es dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo Mapuche. Fue enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera. Del 28 octubre al 4 de noviembre de 2015.

Diario del juicio a Relmu Ñamku

Tierras para petroleras y cárcel a mapuches

El lunes comienza un juicio histórico en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal y sectores antimapuches piden quince años de cárcel para una mujer mapuche que resistió un desalojo. Criminalización, vulneración de derechos y extractivismo.

En un hecho sin precedentes para la historia Argentina, una mujer mapuche será enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera y podría ser condenada hasta con quince años de cárcel. Se la acusa de haber arrojado una piedra a una empleada judicial (que notificaba el desalojo y estaba junto a policías y guardias privados de la compañía). El juicio comenzará el próximo lunes en Neuquén y, en un medida insólita, la fiscal caratuló el hecho como “tentativa de homicidio”. Solicitó prisión para Relmu Ñamku, de la comunidad Winkul Newen. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, afirmó el abogado defensor, Darío Kosovsky.

Será el primer caso de América Latina con jurado intercultural (la mitad de los integrantes será del Pueblo Mapuche) y traducción simultánea en mapuzungun.

Hechos

El 28 de diciembre de 2012, último día hábil del año y minutos antes de la feria judicial, la jueza Ivonne San Martín de Zapala dictó una medida cautelar para que la petrolera estadounidense Apache Corporation ingrese, de ser necesario con la policía, a territorio de la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico (a treinta kilómetros de Zapala).

La comunidad llevaba más de tres años denunciando el accionar inconsulto de la petrolera, los continuos hechos de contaminación y la vulneración de los derechos indígenas. Ante la falta de acción, tanto judicial como del gobierno provincial, habían cerrado el paso a la compañía. El personal de la empresa respondió con amenazas y acciones de hostigamiento, incluso con heridas de bala a un joven de la comunidad y golpes a una abuela mapuche y a la lonko de la comunidad, Violeta Velázquez, que estaba embarazada. Los hechos de violencia fueron denunciados, pero la misma Fiscalía que ahora lleva juicio a los mapuches (a cargo de Sandra González Taboada) archivó la causa.

El 27 de diciembre de 2012 la comunidad dio sepultura a una beba recientemente fallecida. Los integrantes de Winkul Newen no tienen dudas de que la contaminación ambiental del territorio fue uno de los factores que afectaron la salud del niño.

En ese contexto, la auxiliar de justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad e intentó notificar que se debía permitir el paso de la petrolera. Estaba acompañada por policías, guardias de seguridad de la compañía, empleados de la empresa, camionetas y una retroexcavadora.

La comunidad le pidió que se retire. La auxiliar de justicia no aceptó dejar el documento en la tranquera (como le indicaban los policías) y comenzó un intercambio de palabras, a lo que continuaron gritos, acusó a los mapuches de no ser una comunidad y solicitó a la topadora que ingrese al territorio mapuche. La máquina estuvo a a un paso de atropellar a una joven mapuche. Las piedras fueron la única forma de frenar ese avance.

Verónica Pelayes sufrió una herida en el rostro, con rotura de tabique. De inmediato la comunidad pidió disculpas públicas y responsabilizó al Poder Judicial, funcionarios políticos y a la petrolera.

Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota llevaba la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social y del obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.

De lesiones a homicidio

La fiscal de Zapala Sandra González Taboada imputó a Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain (de la comunidad Wiñoy Folil) por “lesiones”, acorde a los hechos sucedidos. Pero de manera sorpresiva, y en acuerdo con los abogados de Pelayes, cambió la acusación: “Tentativa de homicidio” y “daño agravado”, y pidió una pena de quince años de cárcel. Y acusó a Relmu Ñamku de ser la autora del hecho.

“Es la primera vez que una piedra, que además no está demostrado que haya sido arrojada por Relmu, es considerada tentativa de homicidio”, explicó el abogado Kosovsky y aportó otro punto de comparación: “Por homicidio simple, por asesinar a una persona, la condena puede ser ocho años de cárcel. Y en este caso, por una herida, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble que en un homicidio”.

La denunciante, Pelayes, no oculta su activismo antimapuche. En redes sociales y foros de internet los llama “terroristas” y exige prisión efectiva. Cuenta con el apoyo del denominado “Foro de Defensa de la Patagonia”, grupo que acusa a los indígenas de separatistas y “antiargentinos”. En junio pasado colgaron un pasacalle en el Obelisco porteño con la frase: “Justicia por Verónica Pelayes. Víctima del terrorismo mapuche”.

En paralelo, la auxiliar de justicia inició una causa civil en la que demandó al Estado y a la petrolera por 6,5 millones de pesos.

La fiscal Taboada enfrenta un pedido de jury de enjuiciamiento por su accionar en el conocido caso de Sergio Ávalos, un joven estudiante que desapareció en 2003 a la salida de un boliche y en el que acusa a policías y gendarmes retirados. La familia de Ávalos acusó a Taboada por irregularidades en la investigación y sospechas de haber favorecido a los policías.

Otro actor clave es el abogado Julián Alvarez, que acusa a Ñamku, Maliqueo y Rain. Es muy conocido en Neuquén por las numerosas causas que impulsa en contra del Pueblo Mapuche. Asiduo letrado de los grandes estancieros (de la Sociedad Rural, entre otros) y también es defensor del juez federal de la dictadura militar Pedro Duarte, acusado por todos los organismo de derechos humanos por rechazar hábeas corpus y su complicidad con el régimen de 1976-1983.

Alvarez fue uno de los impulsores de Argentinos en Defensa de la Ley (Adelay), la ONG de estancieros que llamaba “usurpadores” a los indígenas que defendían el territorio y proponía para los indígenas judicialización, represión y cárcel.

Intercultural

El martes 20 de octubre se definieron los doce jurados. Seis de ellos se autoreconocen como integrantes del Pueblo Mapuche. Durante la ronda de selección estuvieron ambas parte y el juez Raúl Aufranc.

El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa (vigente en normas nacionales e internacionales).

El juicio igual se realizará. Será la primera vez en América Latina de un juicio penal con jurado intercultural.

Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche), que también podrá escucharse por una frecuencia de radio local.

Petrolera

Un actor fundamental pero que busca el perfil bajo es la petrolera. En 2012 era Apache Corporation, de capitales estadounidense. Mantenía instancias de diálogo con la comunidad, pero al mismo tiempo desoía los derechos básicos de consulta y consentimiento (vigente en leyes nacionales e internacionales). El 2014, Apache fue adquirida por YPF (bajo el nombre de Yacimientos del Sur –Ysur–).

Siete trabajadores de YPF (entre ellos el abogado Mariano Brillo que impulsó la cautelar en 2012) figuran como testigos, por parte de Pelayes y la Fiscalía.

El 21 de septiembre pasado, una decena de policías llegaron hasta la comunidad para notificar que el Poder Judicial había dado el aval para que ingrese Ysur-YPF al yacimiento (paralizado desde 2012). “El poder político provincial, nacional e YPF quieren aprovechar la coyuntura del juicio para retomar la extracción de hidrocarburos. Están violando la ley 26160 (de “Emergencia Territorial”) y derechos constitucionales. Pero la Justicia es ciega, sólo brinda seguridad jurídica a las empresas y no vela por los derechos indígenas”, denunció Martín Maliqueo, vocero de la comunidad.

Caso testigo

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) precisó en su informe anual que más de 350 mapuches fueron judicializados en los últimos años por conflictos territoriales. En muchos de ellos se los acusa de usurpadores de los territorios donde han vivido desde hace generaciones. Las contrapartes: petroleras, mineras, grandes estancieros, empresarios inmobiliarios y el Estado.

El lunes será la primera vez que se llega a esta instancia, en el banquillo de los acusados.

Relmu Ñamku no tiene dudas: “El Poder Judicial necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche. Trata de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo al modelo extractivo”.

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“La Justicia necesita un caso testigo para frenar la lucha mapuche”

Diario del juicio a Relmu Ñamku

Entrevista a Relmu Ñamku, autoridad indígena que será juzgada esta semana y enfrenta un pedido de pena de quince años de cárcel. El rol del Poder Judicial, gobiernos y el modelo extractivo.

Los tribunales de Zapala serán hoy el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios. Por primera vez, una indígena puede ir presa (por quince años) en una causa que tiene como trasfondo un conflicto territorial, nada menos que con una petrolera (primero la estadounidense Apache Corporation, en la actualidad es la argentina YPF). Relmu Ñamku es la autoridad de la comunidad Winkul Newen, del paraje Portezuelo Chico (en el centro geográfico de Neuquén). Otro hecho histórico, el juicio oral y público contará con un jurado intercultural (la mitad será mapuche). Horas antes del juicio, Ñamku no tiene dudas: “La Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo”.

-¿Cómo explica la causa judicial?

-Se trata de una comunidad mapuche que durante años viene resistiendo el avance de las empresas petroleras. Las compañías han significado contaminación de la tierra, agua y aire con las terribles consecuencias que esto ha generado en la comunidad, algunas irreversibles como por ejemplo la muerte de personas por contaminación.
-Durante el intento de desalojo (diciembre de 2012) fue herida (rotura de tabique) una auxiliar del Poder Judicial con una piedra. ¿Cuál es la carátula?

-La carátula era lesiones graves, pero el Ministerio Público Fiscal la cambió a “tentativa de homicidio” para lograr llevarnos a un juicio ejemplar, disciplinador, ante la resistencia del Pueblo Mapuche frente al avance de la frontera petrolera. Así también será un mensaje para las comunidades que resisten contra las mineras. La Justicia necesita una excusa para demonizar al Pueblo Mapuche, que le dé la posibilidad de reprimir, judicializar y desalojar con consenso social.

-¿Por qué una pedrada como “tentativa de homicidio”?

-Es ridículo pensar que defenderse ante el avance de las topadoras con piedras como único recurso puede implicar una causa como la que se ha armado. Más en el lugar donde ocurrieron los hechos que fue el corazón de la comunidad Winkul Newen.

Recuerdo que cuando se firmó el acuerdo YPF-Chevron en la Legislatura Neuquina hubo más de ocho horas de represión y hasta los diputados provinciales tiraron piedras.

Simbólicamente la piedra significa el descontento de la sociedad ante las decisiones arbitrarias de los gobiernos que definen e imponen políticas violando todos los derechos que tiene la sociedad. En el caso del Pueblo Mapuche es el derecho a la participación y consulta.

-¿Es el primer caso de este tipo?

-Es el primer caso judicial que llega a este extremo. En Neuquén hay cientos de autoridades mapuche judicializadas, acusadas de los cargos más absurdos, como usurpación. Esta causa llega a esta situación porque la Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo.

-¿Se refiere puntualmente al petróleo y la megaminería?

-La relación está centrada en un modelo extractivista que avanza sin importar el saqueo ni la destrucción de la naturaleza, motorizado por los gobiernos y las empresas. Esto implica garantizar jurídicamente a las empresas su accionar, poniendo el aparato judicial a disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en la ejecución de los proyectos extractivos. Implica también desconocer los derechos consagrados en tratados internacionales y constituciones que el Estado también debiera garantizar, como la consulta y participación a los pueblos indígenas.

-¿Quién es la denunciante y quiénes los abogados que la defienden?

-Verónica Pelayes es una empleada judicial que nosotros consideramos víctima también de un conflicto generado por el Estado. Aunque lamentamos que haya tomado una posición en defensa de la empresa petrolera, en vez de haberse negado a cumplir con la orden judicial. Además también lamentamos que ella haya interpelado a la comunidad en el momento de la notificación, aludiendo que no eramos una comunidad y que ese era un camino público, lamentando su última intervención al solicitar a la topadora que ingrese. Fue ahí cuando la topadora quiso arrollar a Maira, una de las kona (jóvenes) de la comunidad y nos defendimos con piedras.

Respecto al abogado, Julián Alvarez, es un reconocido activista contra el Pueblo Mapuche, quien creó la organización Adeley (Argentinos en Defensa de la Ley), ante la avanzada de recuperaciones territoriales de las comunidades. En las primeras reuniones de esta organización estaban presentes la Sociedad Rural y empresas petroleras. Acusaban a la Confederación Mapuche como una “fábrica de talibanes”, en donde nosotros éramos parte de ellos.

Alvarez es el actual abogado de Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de la dictadura, quien también inició causas contra Martín Maliqueo (compañero de Ñamku) y contra mi persona por “usurpación” por acompañar como miembros de la Confederación Mapuche a la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo. Es por esto que entendemos que Julián Alvarez representa a los intereses de estancieros y petroleras que disputan derechos sobre territorios mapuches.

-¿Qué sectores están detrás del juicio?

-La denunciante es apoyada por el gremio de judiciales, el Poder Judicial y sectores reaccionarios hacia el Pueblo Mapuche. Hace tres meses se colgó en el Obelisco de Buenos Aires un cartel que decía “Verónica Pelayes víctima del terrorismo mapuche”. Fue organizado por un grupo que se denomina “Foro en defensa de la Patagonia”, quienes tienen un facebook con contenido antimapuche; también lideraban la página “mapuche go home”, que fue desactivada luego de denuncias por contenidos racistas.

-¿Por qué su carátula es más grave que la de Martín Maliqueo y Mauricio Rain? (también están acusados en el juicio).

-Tiene que ver con una cuestión de género, ya que para las acusaciones de Martín y Mauricio tampoco cuentan con pruebas. Es una causa armada. Las mujeres a lo largo del país venimos mostrando un liderazgo y resistencia ante la sistemática violación de nuestros derechos. Por eso no es casual que se impute a una mujer. Necesitan esto para justificar el brazo represivo y la judicialización de hermanos y hermanas que resisten.

-Será la primera vez de un jurado intercultural. ¿Qué rol jugará?

-Es un paso hacia el reconocimiento de la interculturalidad como un derecho de todos los ciudadanos. Lamentablemente la composición plural no se ha hecho respetando un verdadero proceso de consulta.

-¿Cómo se eligieron?

-Los jurados se seleccionaron a través de un simple padrón electoral. No se respetó el derecho a la consulta que estipula la participación activa del Consejo Zonal Centro (mapuche) como órgano representativo de las comunidades de la zona

-¿Qué expectativas tiene del juicio?

-Tenemos muchas expectativas porque somos inocentes

-¿Cómo se vivieron las semanas y días previos en Zapala y Neuquén?

-Hay un clima de cierta desconfianza desde el Pueblo Mapuche. El martes 20 de octubre el Consejo Zonal Centro presentó un recurso de amparo ante la no consulta por parte del Estado para la conformación del jurado. Es lamentable. El Consejo Zonal mantuvo reuniones con el fiscal general de la provincia, José Gerez, pero no se logró ningún avance en términos de garantías para aplicar el derecho a la consulta. Desde la comunidad hay mucha firmeza y acompañamiento de infinidad de hermanos y hermanas indígenas como así también organizaciones de derechos humanos, barriales, sindicato de docentes y partidos de izquierda.

Félix Díaz es una de las figuras que participará del juicio acompañándonos, ya que hemos consolidado una alianza para el trabajo conjunto en un camino de reconstrucción del movimiento indígena del país.

-¿Evaluaron la posibilidad de una condena?

-Lo pensamos porque sabemos en qué provincia estamos, con qué Justicia, con qué Gobierno y con qué intereses. Pero a pesar de esto seguiremos sosteniendo nuestra inocencia.

-¿Qué lectura hace del rol del Poder Judicial y los gobiernos?

-Lamentamos la Justicia racista que tenemos, que no investigó cuando nuestra comunidad fue golpeada salvajemente y permitió que la causa prescribiera. Denunciamos la distinta vara judicial, que hoy pretende encarcelar al Pueblo Mapuche, pero es la misma Justicia que no atiende a los reclamos de las mujeres, de los trabajadores, de los desocupados, de trabajadores explotados, de pueblos originarios invisibilizados. Nosotros pertenecemos a ese sector de los excluidos por gobiernos que solo nos viene a buscar para las elecciones.

Publicado: el 04 de noviembre de 2015 por Darío Aranda en Territorios - http://www.darioaranda.com.ar -

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